¿Cómo Cuba ordena jurídicamente el proceso de informatización?

Privilegiar la soberanía tecnológica es uno de los propósitos de las nuevas normativas. Foto: Yaimí ravelo
Privilegiar la soberanía tecnológica es uno de los propósitos de las nuevas normativas. Foto: Yaimí Ravelo

La informatización de la sociedad es un proceso que contribuye al desarrollo económico y a la calidad de vida de la población, un precepto bajo el cual el Gobierno ha dado pasos importantes, como la aprobación en el año 2017 de la Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba.

Ese camino emprendido alcanza ahora un nivel superior de organización, a partir de la publicación, en la Gaceta Oficial hoy, de un conjunto de normativas que respaldan la implementación de dicha política.

Por primera vez se emiten disposiciones jurídicas de rango superior que ordenan el proceso de informatización de la sociedad, a través de un Decreto Ley, dos decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y seis resoluciones; las cuales promueven el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por personas jurídicas y naturales.

En el caso del Decreto Ley No. 370, sobre la informatización de la sociedad cubana, su objetivo es elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional, contrarrestar las agresiones cibernéticas, y salvaguardar los principios de seguridad de nuestras redes y servicios.

LA SEGURIDAD COMO PREMISA

Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), explica que con el Decreto 359 se establece por primera vez el concepto de industria, aspecto que ha de convertirse en un factor importante para la economía del país.

Esta normativa establece las regulaciones generales aplicables a la determinación del alcance de la industria cubana de programas y aplicaciones informáticas para promover, perfeccionar e incrementar la producción nacional y las exportaciones, y contribuir a la sustitución de importaciones.

Ernesto Vallín Martínez, director de Industria informática, comentó que se promueve la empresa estatal socialista como actor principal, complementándose con la participación de las formas de gestión no estatal. Asimismo, dichos actores deben incorporar en sus producciones soluciones informáticas que contribuyan a la soberanía nacional.

El desarrollo de Parques Científicos Tecnológicos como parte integrante de la industria, para aprovechar la infraestructura y el capital humano, y potenciar la vinculación entre las universidades, los gobiernos locales, los productores de aplicaciones informáticas y los centros de investigación, es una de las cuestiones que busca promover la normativa.

Otro aspecto significativo es que se establece para las personas jurídicas la utilización prioritaria de aplicaciones informáticas de código abierto y de producción nacional, y se dispone la migración hacia estas plataformas en los Organismos de la Administración Central del Estado.

El Decreto No. 359 también respalda legalmente la incorporación de las aplicaciones informáticas nacionales, a los dispositivos informáticos que se comercialicen en el país.

Por su parte, el Decreto No. 360 regula el empleo seguro de las TIC para la informatización de la sociedad, la defensa del ciberespacio nacional, y establece la seguridad de las TIC y de los servicios y aplicaciones que lo soportan.

Sobre esto, el Director de Regulaciones del Mincom acotó que no puede existir informatización sin ciberseguridad, pues son dos conceptos que trabajan juntos.

Con la entrada en vigor del Decreto No. 360, se estarán actualizando y enriqueciendo cuestiones relacionadas con el tema, pues sienta las bases para la informatización segura desde las líneas de trabajo de las infraestructuras críticas, con medidas objetivas que impactan estas aplicaciones y procesos informatizados.

La infraestructura crítica es la combinación de aplicaciones informáticas, dispositivos electrónicos y procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones, tales como el envío de transacciones, mensajes u otro tipo de comunicación en el entorno digital, explicó Miguel Gutiérrez Rodríguez, director general de Informática del Ministerio.

Este Decreto establece el marco legal para la protección de las TIC y el ciberespacio nacional frente a amenazas. Además, se orienta a preservar la soberanía nacional en este ámbito, a establecer una estrategia para la sostenibilidad y a crear capacidades para prevenir y gestionar incidentes de ciberseguridad, incluyendo la recuperación de los daños en caso de ocurrencia.

Se regula por primera vez, para las personas jurídicas, la validez de la firma digital, con el empleo de certificados digitales de la Infraestructura Nacional de Llave Pública, lo que garantiza mayor transparencia en los procesos de gobierno y comercio electrónico, agilidad y seguridad de las transacciones, así como la autenticidad de la información.

De igual forma, establece para las personas jurídicas la obligatoriedad del uso del antivirus nacional y la posibilidad de uno extranjero autorizado por el Mincom.

INFORMATIZAR ORGANIZADAMENTE

El Acuerdo 8611 del Consejo de Ministros para la implementación de la estrategia de desarrollo de la banda ancha en Cuba se basa fundamentalmente en la fibra óptica y las redes inalámbricas, apuntó Wilfredo López Rodríguez.

De forma general organiza, regula y traza las líneas para el desarrollo integral de la banda ancha nacional, que sirva de guía a las entidades nacionales y a la población en el desarrollo, explotación y utilización de los servicios de comunicaciones, así como encarga al Mincom el control de su implementación.

También entran en vigor seis resoluciones ministeriales. La 124 aprueba el reglamento para la producción y evaluación de las aplicaciones informáticas nacionales, la cual incluye las evaluaciones solicitadas por los desarrolladores o los comercializadores de productos nacionales o importados, o por cualquier persona interesada en adquirirlos.

La Resolución 125, que aprueba la inscripción de aplicaciones informáticas comercializables, permite el control administrativo del Mincom, y su implementación se realizará a través de un procedimiento existente, mediante la unidad presupuestada técnica de control del espectro.

Con este sistema de inscripción de productos y software, se pretende ordenar los procesos de producción y comercialización en la industria de programas y aplicaciones informáticas, además de controlar, almacenar y mantener actualizada la información sobre estos productos existentes en el país.

El reglamento para el control de las redes informáticas queda establecido con la aprobación de la Resolución 126, que regula las medidas de control y los tipos de herramientas de seguridad que se implementan en las redes privadas de datos, inscritas en el control administrativo del Mincom.

En el caso de la 127, del 24 de junio de 2019, aprueba el reglamento sobre proveedores de servicios públicos de alojamiento y hospedaje en internet, y regula la organización, funcionamiento y expedición de licencias de operación del proveedor de servicios públicos de alojamiento y de hospedaje en el entorno de internet en el territorio nacional.
Wilfredo López Rodríguez destacó que esta norma es para personas jurídicas y cualquier interesado puede brindar el servicio, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio.

La Resolución 128, que aprueba el reglamento de seguridad de las TIC, complementa las disposiciones del Decreto 360 en materia de seguridad y establece las funciones de los sujetos que intervienen en esta, así como garantiza un respaldo legal que responda a las condiciones y necesidades del proceso de informatización de la sociedad.

Por último, la 129 aprueba la metodología para la gestión de la seguridad informática en todo el país, para el diseño del sistema de seguridad informática y la elaboración del plan de cada entidad.

 

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