La política de Donald Trump contra el multilateralismo es un peligro real

Tomado de Cubadebate.

Son conocidas las posturas del gobierno de Estados Unidos en contra del multilateralismo. Su retirada de importantes organismos internacionales; sus amenazas con retirarse de otros no menos importantes; sus demoras en los pagos al presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas; su desconocimiento e incumplimientos de resoluciones aprobadas por abrumadora mayoría en la Asamblea General de la ONU, como la que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba; y sus vetos en el Consejo de Seguridad de esa organización, son algunos ejemplo de esa política, violatoria del Derecho Internacional.

Pero esa política ha llegado a niveles extremos con el gobierno de Donald Trump; y se manifiesta en áreas muy concretas, en que la actuación de Estados Unidos en contra del multilateralismo pone en peligro palpable la paz y la seguridad internacionales. Hace apenas una semana, se conoció la noticia de que el gobierno de ese país había anunciado que se retiraría del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, que había sido firmado en marzo de 1992 por un grupo de países europeos, incluida Rusia. La adopción de ese tratado constituyó una importante medida de fomento de la confianza entre sus participantes, en tanto permite a los estados partes sobrevolar sus respectivos territorios para tomar fotografías, con el objetivo de transparentar sus actividades militares y evitar en lo posible el desarrollo de planes armamentistas.

Pero no se trata del único instrumento internacional en materia de desarme y control de armamentos del que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado su retiro bajo la actual administración, o se ha retirado efectivamente. No hace todavía un año, apareció la noticia de que ese país se había retirado del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, que había firmado con la entonces existente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en diciembre de 1987. Ya a principios del 2019, Estados Unidos había suspendido su participación en el tratado, lo que obligó a Rusia a hacer lo mismo.

Ese tratado fue el primer acuerdo firmado entre Estados Unidos y la URSS para una reducción efectiva de sus misiles con un alcance de entre 500 y 5,500 kilómetros; y gracias a eso, fue posible la destrucción de un número considerable de esos medios de combate en un plazo relativamente breve.

Pero la postura trumpeana de retirarse del tratado echó por tierra esos esfuerzos; y no es casualidad que por entonces se filtrara la noticia de que ese país estaba a punto de probar un misil de crucero, lo que causó preocupación por una nueva carrera armamentista. Tampoco es casualidad, y arroja más luz sobre el tema, el anuncio reciente por parte de un funcionario del Pentágono, de que Estados Unidos se prepara para llevar a cabo una prueba nuclear subterránea.

Los ensayos con armas nucleares fueron prohibidos en 1963 en la atmósfera, debajo del agua y en el espacio ultraterrestre, pero continuaron desarrollándose bajo tierra. Posteriormente, en 1996, se adoptó un tratado de prohibición completa de los ensayos, que los prohibió también en ese medio. De manera que cualquier ensayo de armas nucleares sería una violación flagrante de ese instrumento internacional y un paso más en la promoción de una carrera armamentista, con todas sus consecuencias negativas para la paz y la seguridad internacionales.

También en el 2019, el presidente Donald Trump anunció la retirada de su país del Tratado Sobre Comercio de Armas, TCA, negociado y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, que entró en vigor en diciembre del 2014; y cuya primera conferencia de estados partes tuvo lugar en mayo del 2016. El tratado, calificado en su momento como histórico y en el que participan más de 130 países, regula el comercio internacional de armas convencionales de todo tipo, incluidos buques de guerra y aeronaves de combate.

La decisión de Estados Unidos de retirarse del tratado solo beneficia a las grandes empresas productoras de armamentos; constituye un incentivo para la guerra; y deviene en un espaldarazo para quienes promueven el libertinaje en la posesión de todo tipo de armamentos, que son utilizados en acciones terroristas, como la que tuvo lugar el pasado 30 de abril contra la Embajada de Cuba en Washington, sobre lo que el gobierno de Estados Unidos mantiene todavía un silencio cómplice. Tampoco es casualidad, según se ha divulgado, que la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos haya donado 30 millones de dólares para la campaña de Trump.

El Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, es otro importante instrumento internacional del que Estados Unidos ha decidido retirarse. El PAIC es un acuerdo sobre el llamado programa nuclear iraní, adoptado en julio del 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, la República Popular China, Francia y el Reino Unidos), Alemania y la Unión Europea en el que en síntesis, Irán limitaba su capacidad de enriquecer uranio, a la vez que se reconocía su derecho soberano al desarrollo de la energía nuclear. En ese contexto, se eliminarían las injustas sanciones que habían sido impuestas a ese país, en contra de sus intereses y sin aval internacional, que constituyen una pesada carga para su pueblo.

Pero el presidente Trump anunció en mayo del 2018 que su país se retiraría del acuerdo y restablecería las sanciones contra Irán, lo que ha sido muy criticado por los demás estados partes y la comunidad internacional; y constituye un paso adicional en contra de la paz y la seguridad internacionales.

Existen otras áreas, también fundamentales para la supervivencia de la humanidad, que han recibido los embates de la política contraria al multilateralismo y al Derecho Internacional del gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. El Acuerdo de París es un ejemplo de ello.

El acuerdo, que entró en vigor en noviembre del 2016 y en el que participan más de 190 países, que han reiterado su compromiso en la lucha contra el cambio climático, está dirigido a limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras, con el objetivo de reducirlo a 1,5 grados.

La decisión del gobierno norteamericano de retirarse de ese importante acuerdo ha sido rechazada incluso dentro de su propio país, pues es evidente que junto con la carrera armamentista, el cambio climático es el otro gran peligro que enfrentamos en contra de la vida y la obra de la civilización en nuestro planeta.

Por otro lado, no se puede obviar la política de Estados Unidos contra el multilateralismo en relación con los organismos y las agencias internacionales. Son los casos, por ejemplo, de la Unión Postal Universal, UPU; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, CODEHU; la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina, UNRWA según sus siglas en inglés; y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO también según sus siglas en inglés.

En el caso de la Unión Postal Universal, fundada en 1874 y de la que Estados Unidos se retiró formalmente en abril del 2018, se trata de una de las Agencias Especializadas de la ONU más antigua del mundo, en la que participan más de 190 países. Su objetivo principal es mejorar los servicios postales en todo el mundo y fomentar la cooperación internacional en la materia, incluida la prestación de asistencia técnica.

La postura de Estados Unidos, encaminada a favorecen sus intereses nacionales en materia postal en cuanto a las tarifas, no solo es una acción más en contra del multilateralismo y el Derecho Internacional, sino una acción egoísta y discriminatoria contra los países en desarrollo.

El Consejo de Derechos Humanos, establecido mediante votación de la Asamblea General de la ONU en el 2006, sustituyó a la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos, víctima de la politización creciente por parte de Estados Unidos y algunos de sus principales aliados; y puso a todos los Estados en igualdad de condiciones en materia de observancia y respeto de los derechos humanos, mediante un mecanismo de Examen Periódico Universal, EPU, que Estados Unidos no ha logrado pasar sin recibir fuertes críticas.

Ese país, que fue uno de los pocos que votó en contra del establecimiento del CODEHU en la Asamblea General de la ONU, anunció su retiro del mismo en el 2018. La prepotencia imperial no pudo resistir las críticas y los cuestionamientos por sus conocidas violaciones de los derechos humanos, tanto individuales como colectivas.

En cuanto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, fue establecida en 1949, con el objetivo de facilitar educación, salud y todo tipo de asistencia a los refugiados palestinos que en varios países sufren las consecuencias de los desmanes de Israel, la potencia ocupante de su país. Se sostiene y trabaja mediante contribuciones voluntarias; pero en el 2018 el gobierno de Donald Trump anunció que le suspendería sus contribuciones, en detrimento del bienestar de los refugiados. La razón, como en muchos otros temas relacionados con el Medio Oriente, está en el compromiso de Estados Unidos con Israel, su aliado estratégico, en detrimento de los intereses de los pueblos de la región.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, por su parte, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, creado en 1945; y del que son miembros o miembros asociados cerca de 200 países. Tiene como objetivo fundamental contribuir a la paz y la seguridad internacional mediante el fomento de la educación, la ciencia y la cultura.

Pero Estados Unidos concretó su salida de la organización a principios del 2019, cosa que había anunciado dos años antes, con lo que infligió un duro golpe a la educación, la cultura y el desarrollo de la ciencia en el mundo, y en particular en los países en desarrollo, si tenemos en cuenta el enorme peso que tiene ese país en esas esferas.

Y precisamente el 29 de mayo del 2020, cuando concluía de redactar este trabajo, salió publicada la noticia de que el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos daba por concluida su relación con la Organización Mundial de la Salud, OMS. La OMS es el organismo del Sistema de las Naciones Unidas especializado en los temas de la salud, encargado de promover y apoyar políticas de prevención en esa esfera, para el beneficio de toda la población mundial.

La organización fue establecida en 1948 y tiene una membresía universal. Todos los países del mundo son miembros. Su labor ha sido reconocida internacionalmente; y en el 2009 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, por el trabajo que ha realizado desde su creación en el combate a enfermedades y pandemias en todos los continentes.

La postura de Donald Trump es una estocada contra la comunidad internacional, en particular los países en desarrollo, que sufrirán más directamente los efectos de la reducción de cientos de millones de dólares en el presupuesto de la organización, por la postura prepotente y egoísta de su principal contribuyente, debido a su elevada capacidad de pago.

De manera que no hay un aspecto de la agenda multilateral que no haya sufrido el desprecio y las acciones en su contra por parte del gobierno de Donald Trump, en menoscabo de la cooperación internacional, la paz y el desarrollo; y en flagrante violación del Derecho Internacional. Y esto sucede a pesar de que es evidente y reconocido por todos los países del mundo que el multilateralismo y la cooperación internacional no admiten alternativas, como lo ha puesto de manifestó la actual pandemia de COVID-19 que nos azota.

 

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